Indefensión y falta de credibilidad

Resulta descorazonador comprobar como la mala imagen que en general se tiene de la Justicia en ocasiones coincide con esa mala realidad. Cuando se conocen las condiciones en las que se trabajan en muchos juzgados uno no deja de plantearse el desconocimiento general que existe acerca de la labor de cada uno de los funcionarios que trabajan en la administración de Justicia. Pero la realidad es tozuda, y cuando sumamos uno y cien despropósitos quizás debemos de plantear la opción contraria y dar la razón a esas voces criticas con todo el funcionamiento del aparato de la Justicia. Y es que hay situaciones que incluso no pueden ser entendidas aún conociendo las dificultades que cada día afrontan en un juzgado.

La realidad es especialmente siniestra en la jurisdicción civil, y concretamente, en aquella que resuelve los asuntos de familia. Es gracioso, o insultante, según el lado que uno ocupe, escuchar esa frase tan manejada, y en ocasiones prostituida de “el mejor interés de los menores….” sobre todo cuando anticipa un “fallo” que esconde la incompetencia de un aparato judicial que fía su suerte a factores como pueden ser: la moda; la intuición; o las verdades sumarias.

En los procesos de guarda y custodia nos encontramos como detrás de muchas resoluciones apenas existe un trabajo de análisis e investigación judicial. En muchos casos, los procesos se han convertido en una cadena de sentencias basadas en argumentos recurrentes que apenas tienen sentido en su análisis de las particularidades de cada caso, pero lo peor de todo, es que tampoco se permite la defensa de argumentos que pudieran contribuir a un mejor entendimiento del caso en particular. Parte de ese gran error bien pudiera venir por la sobrecarga de trabajo, pero no todo lo que sucede en algunos juzgados de familia puede achacarse a esa sobrecarga y si al desinterés y el aburrimiento de esas personas que tienen la difícil labor de solventar los procesos.

Desgraciadamente hoy todavía nos encontramos con Jueces que juegan a ser psicólogos, terapeutas y gestores de familias rotas. Que olvidan quiénes resultan ser las figuras más perjudicadas cuando una relación se rompe, y que entran a debatir y se pierden en sus sentencias sobre intereses que ocultan la verdadera realidad de cada caso. Hoy parece que prima el derecho de los progenitores sobre el bienestar de los menores, gran error, y a éstos se les sentencia a una situación que, en muchos casos, les condena a crecer sin un padre y sin una madre. Hoy ya ha dejado de ser anécdota las sentencias que obligan a una custodia compartida sobre bebes lactantes, aún incluso cuando uno de los progenitores tampoco puede adaptarse a los horarios de atención del menor y debe de recurrir a fórmulas pintorescas. También han dejado de ser aislados los casos en los que se somete al menor a procesos de valoración, revaloración y vuelta a empezar de procesos interminables sin que nadie llegue a poner cordura a dicho asunto ¿por qué se castiga de esta forma a un menor? ¿Realmente se puede justificar la necesidad de judicializar a un menor en un asunto de que tan sólo involucra a sus progenitores? ¿De que sirven las valoraciones psicosociales sobre un menor?

Sobre este tema todos tendremos que asumir nuestra parte de culpa, pero también quisiéramos llamar la atención sobre el papel que en este asunto tienen los equipos psicosociales adscritos a los juzgados. Contestando a la última de las preguntas que planteábamos, la valoración de un menor en un proceso de separación resulta absolutamente estéril y perjudicial para los propios menores, que tan sólo se puede justificar cuando se alerta o sospecha de una situación de riesgo o maltrato sobre los propios menores.

Es una cuestión de sentido común, si los padres no han sido capaces de llegar a un acuerdo amistoso sobre la custodia o régimen de visitas de los hijos nacidos de la relación ¿cómo pretendemos que se encuentren ese hijo o hijos que esta viviendo en primera persona el desencuentro entre sus padres? Además la valoración de los menores se realizan en circunstancias absolutamente artificiales que condicionan y coaccionan la libertad de expresión del propio menor. En esa circunstancias cualquier tipo de observación se encuentra condicionada y carece de la posibilidad de un criterio profesional objetivo y fiel a la realidad. Nos encontramos además con situaciones en las que las preferencias que un menor entre 5 y 10 años realiza acerca de su opción preferida se elevan a la condición de argumento suficiente… y en esas circunstancias, sin que medie ningún tipo de sospecha o necesidad que justifique someter a un menor a la angustia de ese tipo de valoraciones, se adoptan decisiones que una y mil veces se demuestran que nada resuelven y a nadie protege, ni si quiera aquellos sobre los que se dice que se procura el bienestar.

El por qué se siguen haciendo este tipo de valoraciones no es fácil de responder, más aún cuando en la práctica privada, esa que “tachan de parte” precisamos de muchas más horas de valoración que las que se realizan en un juzgado, más medios técnicos, más conocimiento sobre la naturaleza de un problema e incluso, salimos de nuestros despachos buscando situaciones naturales que puedan no condicionar nuestro criterio, y todo ello para la valoración de una única situación, y aún así, sabemos que nuestras hipótesis y conclusiones pueden ser discutidas.

No obstante, el problema no radica en la certeza o utilidad de las valoraciones psicosociales, algo que también debe de ser revisado, el verdadero problema es la falta de criterios judiciales en los procesos de guarda y custodia, que en algunos casos nos dejan juzgados, o juzgadores, inoperantes que razonan sus sentencias de acuerdo a criterios subjetivos que poco o nada tienen que ver con la defensa de argumentos que busquen y protejan al menor o menores. Pero no nos equivoquemos, la culpa no es sólo de quienes olvidaron el drama que se esconden detrás de cada sentencia, la responsabilidad debe de recaer sobre todo un aparato de Justicia que permanece ciego, sordo y mudo ante la realidad, esa que deja indefensos a los menores y que provoca esa falta de credibilidad en el ciudadano de a pie, ese que tiene problemas reales.

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